La televisora peruana se encontraba administrada por una junta representativa de acreedores
(Ernesto Sánchez, Lima). Mientras la jueza Sara Maita quedó lista para decidir en un plazo máximo de 15 días para resolver sobre la administración judicial de América Televisión (Canal 4) del Perú, la Junta de Acreedores inició reuniones para decidir entre la liquidación de la empresa, cobrarse la deuda con sus activos o la reestructuración que les permita cobrar por adelantado.La jueza escuchó el pasado jueves 25 los alegatos de los abogados de la defensa, Luis Felipe Cortez y Fernando Piccone, así como a la defensa del Estado, el procurador, Luis Vargas Valdivia, con el objeto de tener mayores elementos de juicio para tomar la decisión final. La administración judicial fue solicitada por la Procuraduría para garantizar el pago de la reparación civil que se impondría a sus ex directivos José Franciso y Enrique Crousillat, quienes se hallan en Argentina, bajo vigilancia policial.La Procuraduría insistió en el pago de la reparación civil, porque otra medida se ve imposibilitada por las deudas e hipotecas que tiene el canal. La familia Crousillat, por su parte, solicitó a la sala anticorrupción que disminuya el monto del embargo preventivo que se les ha impuesto y que asciende a US$30 millones en conjunto, así cómo se deje sin efecto la declaración de reo contumaz.La reestructuración del canal, si así lo decide la Junta de Acreedores, puede significar que se mantenga la actual administración, a cargo de las hermanas Crousillat, o se nombre otra. Los principales acredores, que incluye a los propios trabajadores de la empresa y sus actuales directivos, son el Banco Wiese Sudameris, la Superintendencia de Administración Tributaria y Televisa. Por el tamaño de la deuda la decisión estará en manos de estos tres acreedores.
