La televisora peruana se encontraba administrada por una junta representativa de acreedores
(Ernesto Sánchez, Lima). La jueza anticorrupción, Sara Maita, declaró finalmente el embargo de América Televisión de Perú a través de la figura judicial denominada intervención en información. La determinación se deriva del juicio abierto contra dos de sus ex directores, José Francisco Crousillat Carreño y José Enrique Crousillat López Torres, por los cargos de peculado y asociación ilícita para delinquir. Para este fin, la magistrada nombró como firma interventora a Consultoría A, que preside Jaime Crosby, quien es también presidente de la junta de administración del canal. La obligación principal de Consultora A será informar periódicamente a la magistrada sobre la marcha financiera y económica de la empresa. La jueza se inclinó por escoger a la consultora porque considera que sus representantes están mejor informados sobre la marcha administrativa del canal. También se pronunció por la culpabilidad no sólo de los Crousillat sino también de Vladimiro Montesinos por los cargos señalados. Los Crousillat permanecen en Argentina, donde las autoridades judiciales determinarán si aceptan la solicitud para extraditarlos.
