El representante legal de la Asociación Nacional de Anunciantes, ANDA, Juan Manuel Rafalli, explicó que la Ley de Contenidos y Responsabilidad Social o Ley Mordaza que pretende aprobar el gobierno venezolano tiene implicaciones muy severas en cuanto a la actividad publicitaria en ese país. “Hay un ‘mezclote’ en el establecimiento de las responsabilidades en la Ley porque se pretende meter en un mismo ‘saco’ al anunciante, al locutor y al propietario del medio de comunicación. Ser parte de la concepción equivocada de que todos ellos, bajo el concepto de relacionados, comparten responsabilidades”. Rafalli señaló que esta percepción es equivocada porque el anunciante pasaría a ser responsable de los contenidos de los programas. La programación no guarda una relación directa con la decisión que toma la agencia de publicidad o el anunciante pues la forma en la cual se precompran los espacios y luego se pautan, nada tienen que ver con el programa durante el cual se emiten los comerciales. Adicionalmente, los montos establecidos para sancionar a los anunciantes son “alarmantes” (partiendo desde 95 millones hasta 570 millones de bolívares), y se le pretende dar el mismo tratamiento a los avisos publicitarios que aquel dado a los programas que emitan las televisoras. “Esto implica someter a la publicidad a los mismos conceptos jurídicos indeterminados que producen una altísima discrecionalidad. Con esto, la Ley se metería de lleno en el diseño creativo de las piezas publicitarias”. Entre las prohíbiciones que estarían contempladas, de aprobarse la Ley Mordaza, se pondría un freno a la publicidad de juguetes, piezas que incluyan a niños que ejemplifiquen situaciones donde se incluya un lenguaje o actitudes impropias a su edad, discriminación de razas o el uso de eslogans en inglés. Asimismo, los espacios publicitarios estarían “eliminados” del horario protegido que señala la Ley que va desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche.
