(Nota publicada el 1 de abril) (Marcela Tedesco, Mérida, México). La cámara que agrupa a los cableoperadores mexicanos está dando nuevos pasos para combatir la piratería, que hoy varía entre un 28% y un 42% de los suscriptores, dependiendo de las características de los sistemas de televisión y población de cada estado.Durante la conferencia titulada “La piratería en las telecomunicaciones”, Ulrich Richter Morales, del Despacho Richter, Ramírez y Asociados, junto al abogado Rafael Macedo Núñez, quien ofició de moderador, explicó que la legislación vigente apunta más a proteger los derechos de autor que a tutelar un servicio de interés público, como lo es el de las telecomunicaciones. “¿Qué pasaría si mañana alguien sin concesión decide construir una red pública? Pues encontraríamos que no está cometiendo ningún delito?”, señaló Richter. La única referencia incluida en la ley actual “que data de 1931 con posteriores modificaciones en 1999 y perfeccionamientos por parte de la Corte Suprema” es el delito de robo de fluido radioeléctrico, siempre y cuando se acredite dolo o ánimo de lucro. Es por eso que Canitec pretende que se sancione a todos aquellos que explotan la red de telecomunicaciones sin la correspondiente concesión. Además, insiste en que quienes incurren en este delito no sólo deben recibir sanciones administrativas sino también civiles y penales.Asimismo, Macedo Núñez subrayó que actualmente la piratería no se limita a una persona que se “cuelga” del cable de un vecino sino que involucra a toda una organización de la que participan conocedores del funcionamiento de la nueva tecnología y personas que destinan dinero a la compra de equipamiento (que, además, no pagan los impuestos correspondientes) con el objetivo de obtener ganancia. Es por ello que Canitec insiste en que este delito debe incluirse dentro de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Además, el hecho de que el equipamiento ingrese de contrabando ha llevado a la Aduana a incoporararse al Comité de Antipiratería para tomar medidas en el asunto.Ante este cuadro, Canitec propone que todo aquel que construya, instale, establezca, aproveche, use, explote u opere redes de telecomunicaciones sin concesión por parte de las autoridades competentes, sea sancionado con cuatro a ocho años de prisión y pierda el beneficio de la nación, los bienes, las instalaciones y los equipos empleados.
