El representante de Japón, Hiroshi Matsuda; y los presidentes Cristina Kirchner y Luis Inácio Lula da Silva, durante el acto en Bariloche en el que se oficializó el acuerdo por la TV digital
Tal como lo había adelantado PRODU ({ver info relacionada;http://www.produ.com/tecnologia/index.html?Noti=73849&year=1997/2003}), la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, oficializó la adopción del sistema japonés de televisión digital ISDB-T en su versión brasileña SBTVD, es decir, con compresión MPEG-4.Adoptamos la norma japonesa porque permitirá democratizar y llegar a todo el país con la mejor tecnología y todos sus servicios accesorios” dijo la presidenta el pasado viernes, junto a su colega de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, en el marco de la cumbre de Unasur, que se desarrolló en Bariloche. Lula, por su parte, consideró que “la adopción del sistema crea condiciones para establecer un polo tecnológico regional”.La inversión pública y privada para que el país acceda a la televisión digital terrestre abierta está estimada en $3.500 millones (US$910 millones aproximadamente).”Se trata de un salto tecnológico para los argentinos y la reafirmación de una cosa muy importante para América del Sur, la alianza estratégica entre Argentina y Brasil, con un socio y protagonista muy importante que es el gobierno de Japón” agregó la mandataria.Japón se comprometió a no cobrar royalties por el uso de la tecnología y junto con Brasil invitaron a la Argentina a participar en el Foro de Desarrollo ISDB-T.Tanto Liliana Nakonechnyj, presidenta de la Sociedad Brasileña de Ingeniería de Televisión (SET), como Olímpio José Franco, VP de la entidad, se mostraron entusiasmados con la exportación del sistema a la Argentina, el principal socio de Brasil en el Mercosur, y un mercado clave para crear una economía de escala que permita un descenso en los precios de los decodificadores, una de las principales críticas que se le hacen al sistema.El país sudamericano ya había elegido el estándar ATSC en octubre de 1998, durante la presidencia de Carlos Menem, pero en mayo del 2000 el gobierno de Fernando de la Rúa cuestionó la decisión, y en abril del 2006 Néstor Kirchner inició un proceso de revisión formal.
