Thelma López, gerente general de DIRECTV Puerto Rico
En Puerto Rico se dio a conocer un proyecto de ley para penalizar a quienes intercepten, instalen, vendan o alteren equipo de recepción de servicios de TV satelital y por cable.Esta propuesta, elaborada por los senadores Ramón Nieves y Miguel Pereira, tiene como propósito “proteger los derechos de autor de los que generan el contenido de la programación, y defender los derechos de los abonados que se suscriben a los servicios legítimamente”. Tanto la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, así como las compañías DIRECTV, Choice, Liberty Cablevision y Dish, acudieron a sesiones públicas, para formar un frente de apoyo al proyecto.Thelma López, gerente general de DIRECTV Puerto Rico afirmó que ese negocio ilícito representa pérdidas por US$2.7 millones al gobierno por concepto de impuesto sobre ventas y uso (IVU), a la vez que provoca la pérdida de empleos directos e indirectos. “De un cálculo conservador se desprende que sí existe un promedio de 65,000 clientes piratas y estos clientes pagarían una renta promedio de US$50 cada uno mensualmente por ese servicio, esto equivale a sobre US$39 millones que se están escapando de la economía de la isla”, estimó López.Por su parte, Idelfonso López, abogado de Choice TV, indicó que la piratería de señales alcanzaría montos de pérdida de hasta US$100 millones anuales para las compañías que brindan el servicio de forma legal. De aprobarse el proyecto de ley, el robo de las señales, tendría una multa de US$3 mil, así como cárcel por tres años.
