Pascal Metral Nagra
A pesar del rápido ritmo de las innovaciones tecnológicas para inhibir la práctica de la piratería, el problema persiste y representa uno de los mayores cuellos de botella en las industrias del entretenimiento y audiovisual.
Las organizaciones criminales han ganado capilaridad y, dada la cantidad que facturan con el producto del robo —del orden de los millones de dólares—, el problema se ha vuelto algo complejo y sin fronteras. Y, precisamente por tratarse de redes que van más allá de las barreras físicas de los países, la respuesta del mercado audiovisual al delito de infracción de derechos de autor debe basarse en algunos aspectos, como el seguimiento, investigación, regulación, análisis de datos, comunicación, coordinación y acciones de ejecución.
La lucha contra la piratería
Para que el monitoreo sea eficaz, es necesario contar con un gran aliado: la tecnología. A través de ella, es posible rastrear y reconocer contenidos distribuidos ilegalmente, detectando acciones ilegales en su origen.
Como ejemplo de esta estrategia, que refuerza las barreras contra la distribución ilegal de contenidos y crea obstáculos que dificultan la acción de los piratas, están las marcas de agua forenses. Al funcionar como una firma digital invisible, las marcas de agua diferencian la entrega de contenido para cada consumidor. Esta es una característica que permite el seguimiento de cualquier redistribución ilegal, de ahí el uso exitoso de esta tecnología para identificar fugas, detectando su origen.
La investigación, a su vez, exige un trabajo conjunto e involucra a operadores, distribuidores de contenido y empresas de tecnología, que, tras identificar las redes pirateadas, se comunican con los organismos reguladores y de inspección. Para que las estructuras legales y regulatorias puedan avanzar en la lucha contra la piratería, esta comunicación de los actores que integran la industria audiovisual es fundamental y representa un gran aporte a las autoridades, ya que establece un punto de partida para localizar a los piratas y determinar el alcance de acción de grupos organizados para robar y distribuir contenidos ilícitos.
En este proceso, otro tema importante tiene que ver con el análisis de datos y el enfoque multidisciplinario de esta información por parte de empresas privadas e instituciones públicas. En conjunto, las competencias integran acciones colectivas, posibilitando bloqueos, cortes técnicos, interrupción de la transmisión de señales a dispositivos satelitales ilegales y acciones coercitivas, sin dejar impunes a los delincuentes, estando bajo el rigor de la ley.
Protección de los derechos de autor
Un marco legal que valora y salvaguarda los derechos de autor representa un incentivo para la producción cultural y los autores, además de proteger la actividad económica legal y los empleos que genera. Como resultado de este esfuerzo integrado, por el trabajo forense y la identificación de la fuente, con investigaciones realizadas por los países y las respectivas fuerzas del orden, solo el año pasado NAGRA apoyó el cumplimiento de la ley para desmantelar tres importantes organizaciones criminales globales que operan desde Brasil, Suiza, Italia y España.
La ventaja de este arreglo es el intercambio de conocimiento e información entre empresas y organismos, igualmente movilizados en defensa de la propiedad intelectual y los derechos de los consumidores.
La piratería como problema social
La sofisticación de los piratas para infringir los derechos de autor y emboscar al consumidor se revela como una práctica nociva no solo para la industria audiovisual. Es perjudicial para la sociedad en su conjunto.
Al promover la competencia desleal, la piratería elimina empleos formales, pérdidas de ingresos públicos —y en consecuencia en la devolución de ese valor en beneficio de la población— y también crea una red ordenada al lavado de activos, a través de diversas prácticas penales, como la evasión de moneda y la corrupción.
En 2019, la estimación de la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (Alac) fue que el mercado ilegal movió el 2% del PIB de los países latinoamericanos. En Brasil, las pérdidas para los sectores de TV paga y Audiovisual, según la encuesta del Foro Nacional Contra la Piratería e Ilegalidad, para el mismo año, fueron del orden de R $ 13 mil millones. Las pérdidas por evasión fiscal se estimaron en el 46% de este monto.
El daño es enorme y solo con un esfuerzo conjunto, que abarque a las empresas, los poderes públicos y la sociedad civil, con el consumidor de nuestro lado, es posible prevenir la piratería y frenar el avance de la ilegalidad.
Pascal Metral es VP de Asuntos Legales y jefe de Área Contenciosa de Antipiratería e Investigaciones de Nagra
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