La implementación de una tarifa por uso de la red, también conocida como “participación justa” o “tarifa de red”, ha emergido como uno de los temas más controvertidos en la industria de las telecomunicaciones en Brasil. Este martes, en el marco del Congreso SET Expo 2024, expertos del sector debatieron sobre la conveniencia de que las empresas que hacen un uso intensivo de la infraestructura de telecomunicaciones contribuyan económicamente, una propuesta que ha ganado tracción no solo en Brasil, sino también a nivel internacional.
El debate fue moderado por Paulo Tonet Camargo, presidente de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), y contó con la participación de figuras clave del sector, como Artur Coimbra de Oliveira, asesor de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), Marcos Ferrari, presidente ejecutivo de Conexis Brasil Digital, y Cristiano Flôres, director general de la Asociación Brasileña de Radio y Televisión (ABERT).
Artur Coimbra de Oliveira abrió el debate contextualizando el origen de la discusión. “Este concepto de participación justa surgió con fuerza en Europa y se ha extendido globalmente”, explicó, refiriéndose a la necesidad de buscar nuevas formas de financiar la infraestructura de telecomunicaciones en un contexto donde el uso de datos crece exponencialmente, pero los ingresos no siguen el mismo ritmo. Oliveira señaló que el Pago de Subsidio implementado por Anatel refleja esta preocupación, buscando equilibrar el uso intensivo de las redes con las capacidades de financiamiento.
Por su parte, Marcos Ferrari destacó que las redes de comunicación, al igual que cualquier recurso físico, son finitas y requieren una gestión adecuada para evitar su agotamiento. “Estamos ante una política pública que debe ser considerada con seriedad. Las redes de comunicación también son escasas, y hay fallos en el mercado, como la falta de competencia entre empresas y la asimetría de la información, que deben ser abordados”, afirmó.
El riesgo de desequilibrar el ecosistema digital
No obstante, la propuesta de instituir una tarifa por uso de red no está exenta de críticas. Alessandro Molon, director ejecutivo de la Aliança pela Internet Aberta, advirtió sobre los posibles efectos adversos de esta medida. Según Molon, aunque el tráfico de datos en Brasil continuará creciendo, lo hará a un ritmo decreciente, lo que sugiere que la infraestructura existente podría soportar la demanda sin necesidad de imponer nuevas tarifas. “El retorno de la inversión para las principales empresas del sector es compatible con el mercado de infraestructuras, por lo que la introducción de una nueva tarifa podría resultar innecesaria y contraproducente”, sostuvo.
Cristiano Flôres de ABERT también se mostró escéptico respecto a la implementación de una tarifa por uso de red. Según Flôres, el ecosistema digital actual es interdependiente, y cualquier intervención en un solo lado de la cadena podría desestabilizar el equilibrio existente. “La curva de crecimiento en el uso del tráfico es previsible, y las empresas de telecomunicaciones han demostrado que pueden gestionar adecuadamente estos avances. Gravar un lado de la cadena podría tener consecuencias negativas no deseadas”, concluyó.
La regulación como motor de avance
El debate sobre la tarifa de red no es el único que enfrenta el sector de telecomunicaciones en Brasil. En el Congreso SET Expo también se discutió sobre los avances regulatorios que buscan adaptar el marco legal a las nuevas realidades tecnológicas, en particular con la llegada de la TV 3.0. Geraldo Cardoso de Melo, representante de la SET Sudeste, moderó un panel que subrayó la importancia de establecer una agenda formal para abordar temas críticos como la evolución de la radiodifusión y la estructuración de la nueva tecnología televisiva.
Tawfic Awwad Junior, del Ministerio de Comunicaciones, destacó los esfuerzos del gobierno en aprobar la primera estandarización de la TV 3.0 y la creación de un grupo de trabajo para definir los requisitos operativos. Por su parte, Rodrigo Gebrim de Anatel recalcó que la radiodifusión sigue siendo un servicio de interés público esencial en Brasil, y que cualquier cambio regulatorio debe garantizar la no interferencia con los servicios primarios, lo que está llevando a una coordinación cuidadosa con países vecinos.