Walter Burzaco
Según un comunicado de ATVC, la declaración como servicio público de la TV paga y el acceso a Internet, entre otros servicios, establecido por el Gobierno, de ninguna manera garantiza la equidad en el acceso y ejercicio de los derechos digitales y de la libertad de expresión.
“Un cambio radical y unilateral en las reglas de juego del sector, en el cual el Estado interviene de manera coactiva en la operación de las empresas que brindan los servicios TIC, afecta la seguridad jurídica y pone un freno a su desarrollo. Lo cual resulta a contramano de la legislación regional y mundial, y al restringir las decisiones de las empresas, perjudican la calidad y expansión de los servicios, y a los clientes que se comunican e informan por ellos. En Argentina son más de 700 las empresas licenciatarias que proveen TV paga e Internet a todos los rincones del país y que, además, son garantes de la democratización de la palabra en sus 600 canales locales y regionales. El DNU también está regulando y controlando la expresión de estos medios” señaló la entidad.
Agregó que regulando los precios se frenan inversiones de una industria pionera y también se limitan los espacios de expresión comunitaria. Además de frenar el empuje de uno de los sectores tecnológicos más dinámicos de la economía argentina, se agrandarán las enormes asimetrías competitivas que ya existen con las plataformas de distribución de contenidos extranjeras, que no producen contenidos locales, no realizan inversiones en infraestructura, no pagan impuestos ni tasas regulatorias, ni tampoco están radicadas en el país.
“Las empresas que representamos, brindan mediante redes fijas y satelitales los servicios de TV a más de 9,1 millones de hogares y dan acceso a Internet a 7,5 millones de familias. Hemos sido pioneros en brindar servicios de banda ancha en el país. Entre las 700 PyMEs y empresas nacionales tenemos el orgullo y la responsabilidad de emplear en forma directa 30.000 trabajadores especializados. Necesitamos que esta norma sea revisada”.
