La ATVC que preside Walter Burzaco rechazó categóricamente la iniciativa del Comfer
Más de un centenar de empresas compraron en Argentina pliegos de licencias para brindar servicios de TV por cable, a sólo dos meses de que el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) abriera este proceso cerrado desde el año 2000, según informa el diario argentino La Nación. Del total de ventas el 60% está destinado a la prestación del servicio en localidades de 3 a 5 mil habitantes, con un precio por pliego que oscila entre 1.000 y 5.000 pesos (US$263-US$1.310). 30% correspondió a pliegos de hasta 20.000 pesos (US$5.260), para comunidades de hasta 50 mil habitantes. También se registraron compras para localidades de 50 mil a 2 millones de habitantes: el 10% de las ventas correspondió a este segmento, con topes de $100.000 (US$26.215) por pliego.”Estamos convencidos de que vendrán más grupos en busca de los pliegos” dijo Ignacio Martín Cingolani, director de Planeamiento y Desarrollo del Comfer. “La mayoría de las compras son para localidades pequeñas, en donde no hay servicio o hay un solo proveedor. Son todas empresas privadas, con excepción de una cooperativa”. Entre los interesados no figuran grandes grupos, con excepción de Supercanal, que solicitó para proveer el servicio en Bariloche y renovar su licencia en Usuahia. El negocio de TV cable en Argentina, actualmente con 6 millones de clientes, estuvo reservado los últimos nueve años a las empresas que se habían alzado con las licencias antes del año 2000. El liderazgo corresponde a CableVisión-Multicanal (Grupo Clarín), seguido por Telecentro (Grupo Pierri), Supercanal (Grupo Vila-Manzano) y Red Intercable. La Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), que reúne a 700 empresas del sector, ya expresó su rechazo a esta iniciativa indicando que la resolución genera “beneficios indebidos y condiciones discriminatorias” porque “establece ahora la posibilidad de uso de infraestructura de terceros”. “Así podrán dar servicio grandes empresas por medio de testaferros o sociedades anómalas constituidas a tal fin. Es el caso de las telefónicas y de las empresas de servicios públicos, o las empresas con más del 30% de capital extranjero, todas inhibidas de brindar estos servicios por las leyes actuales” dijo la ATVC en un comunicado.
