La transmisión de Venevisión estuvo un 65% por encima del canal más cercano
El Comité Coordinador Mundial de Organizaciones de Libertad de Prensa -integrado por la Asociación Internacional de Radiodifusión, la Asociación Mundial de Periódicos, la Asociación Norteamericana de Radiodifusores, la Comisión Mundial de Libertad de Prensa, el Instituto de Prensa Internacional y la Sociedad Interamericana de Prensa- resolvió en su reunión del 16 de febrero, en Ginebra, Suiza, “exhortar al gobierno de Venezuela a derogar la Ley Sobre Responsabilidad Social en Radio y Televisión (conocida como Ley Resorte), así como revertir las reformas al Código Penal, por considerar que son incongruentes con los principios básicos de libertad de expresión y de prensa”. Además, decidió “reiterar al gobierno venezolano la restitución del respeto a la libertad de prensa y de expresión”.La resolución se tomó considerando lo siguiente:- Que la sanción de la Ley de Reforma Parcial del Código Penal de Venezuela y de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, aprobadas recientemente por iniciativa del Poder Ejecutivo, establecen serias limitaciones a la libertad de prensa y de expresión en Venezuela.- Que la reforma al Código Penal destaca en sus artículos 148 y 149 la figura del desacato, contradiciendo la doctrina interamericana de libertad de expresión, al castigar a quienes ofendan de palabra o por escrito al Presidente y a otros funcionarios del gobierno, jueces y legisladores.- Que la existencia de medidas restrictivas aumentan las penas de prisión sobre los delitos de difamación, en los artículos 444 y 446.- Que la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley de Contenidos), crea por su parte un sistema de control sobre las informaciones de los medios radioeléctricos que permite la intromisión estatal en los contenidos de los medios de comunicación, la restricción de la labor informativa y el control sobre la información que llega a los ciudadanos, incluyendo aquella sobre los funcionarios públicos.- Que la aprobación de la reforma al Código Penal y de la Ley de Contenidos crea en Venezuela una política de Estado orientada a restringir la libertad de expresión y de prensa, así como a sancionar las opiniones críticas de los periodistas y de los ciudadanos.
