Ignacio Vega, el abogado y socio de Giorgio Aresu en Nostromo América, que se ha encargado de toda la administración y los asuntos legales con TV Azteca desde que iniciaron La academia, declaró a produ.com que sus cinco abogados mexicanos que lo asistían en este caso, sentían vergüenza por la acción del juez que había ordenado la arremetida, llena de irregularidades y calificada como un abuso del derecho.De nacionalidad española, pero declarado un amante de México, ‘dónde tenía más amigos que en Madrid’, expresó que en su relación con Azteca, en estos años de La academia, se habían presentado, como es normal en este tipo de producciones, diferentes problemas de carácter legal y administrativo que los habían resuelto de una forma cotidiana, especialmente con la abogada de Azteca María Teresa López-Lena, a quien le unía una amistad, al igual que con Francisco Fernández, otro abogado de Azteca, con quien había trabajado contratos y cláusulas durante estos años.“De haber habido alguna irregularidad entre Azteca y nosotros, lo lógico era que Francisco o María Teresa nos hubieran llamado, como lo han hecho muchas veces. En estos cinco años de relación se nos prsentaron muchos conflictos naturales en una producción del tamaño de La academia, y todos fueron resuletos. Ahora no era para que nos mandaran a allanar con escopeta en mano, forzando las puertas. Todo este incidente está lleno de irregularidades judiciales. Es increíble”, dijo Nacho Vega desde algún sitio en el DF, pues confesó que estaba acatando consejos de sus propios amigos mexicanos, que le aconsejaron mudarse de su lugar habitual y tomar precauciones. “Uno de mis amigos hasta me obligó a usar un auto blindado” expresó.En materia legal indicó que no sólo sus abogados responderán inmediatamente buscando una instancia superior judicial que anule la medida tomada por este juez, sino que también la abogada que representa a Estudios Ajusco, Margarita Núñez, actuará por otra vía para resolver la actual medida judicial en el foro.Nacho dio a entender que todo este movimiento buscaba suspender a la fuerza la grabación de Quinceañera, asunto que se había logrado. Actualmente agentes policiales tienen en custodia el estudio, no dejando entrar a nadie ni mover o usar cualquiera de los equipos. Su objetivo con sus abogados es restablecer la legalidad y continuar las grabaciones. Por ahora continuará en México coordinando la defensa.